La ley de riders nace con el acuerdo de los agentes sociales. Finalmente, la CEOE ha dicho que sí en una reunión casi nocturna. UGT y CC OO ya habían aprobado la última propuesta del Ministerio de Trabajo. El texto legal definitivo, cerrado unos días atrás, consta de una página —sin contar la exposición de motivos— con un solo artículo. El primer apartado obliga a las empresas a dar información a los comités de empresa sobre los “algoritmos y sistemas de inteligencia artificial” que afecten a las condiciones laborales; y el segundo establece que los repartidores de las plataformas son asalariados y no autónomos.
El decreto pactado contiene una novedad importante e inesperada al principio de la negociación: incluye la obligación de que las empresas tengan que informar a los representantes de los trabajadores “de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”.
